Gestión de Planes Especiales - Fondos Europeos
Una manera de hacer Europa
Nueva licitación para adquisición de viviendas de emergencia social
Carmen Collado reitera el compromiso con esta medida, para la que se han facilitado los requisitos administrativos
La delegada de Acción Social y Mayores, Carmen Collado, junto a la delegada de Vivienda, Ana Hérica Ramos, y la portavoz del grupo Ganemos Jerez, Kika González, han comparecido hoy para informar sobre la aprobación de una nueva licitación para la compra de viviendas de emergencia social por valor de 950.000 euros con fondos Edusi. Esta medida se incluye dentro de la línea 9 de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI), siendo la cofinanciación del 80% (760.000 euros) con Fondos Europeos, y del 20% (190.000 euros) con recursos municipales.
Los interesados dispondrán de 30 días naturales desde la publicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público para ofertar sus viviendas por un importe de entre 9.000 y 60.000 euros.
En esta convocatoria, se agilizan diferentes requisitos para facilitar al máximo la presentación de ofertas. Entre ellos, cabe destacar que las personas interesadas en presentar sus viviendas a esta licitación, podrán hacerlo sin ningún tipo de coste, ya que el informe de tasación, y la nota simple del registro, se requerirán a posteriori, a los que resulten adjudicatarios.
La delegada de Acción Social, Carmen Collado, ha destacado que “queremos dejar claro nuestro compromiso con este proyecto. Las viviendas de emergencia social constituyen un recurso residencial de carácter temporal, destinado a acoger a personas o unidades familiares usuarias que se encuentran en estado de necesidad social o riesgo de exclusión, facilitando la normalización de su convivencia y su proceso de inserción social”. Collado ha destacado que “desde la Delegación Acción Social, hemos realizado 1.410 intervenciones relacionadas directamente con la necesidad de vivienda en los últimos ejercicios, desde 2015. Contamos en la actualidad con siete viviendas de emergencia social, y confiamos con incrementarlas para ponerlas al servicio de la ciudadanía”.
Por su parte, Ana Hérica Ramos ha incidido en señalar que “desde el Ayuntamiento y desde Emuvijesa defendemos el enfoque social de la vivienda. Estamos trabajando en el Plan de Vivienda y Suelo con líneas tan importantes como la puesta en marcha de acciones para que la ciudadanía alcance ese derecho a una vivienda digna, programas de actuación para eliminación infravivienda, el plan de intervención en barriadas históricas y políticas de consolidación del derecho a la vivienda con herramientas fundamentales para la atención a las familias en riesgo de vulnerabilidad y garantizar ese derecho a la vivienda”.
Finalmente, Kika González ha explicado que “para nosotras la vivienda es una prioridad de la intervención política. El fomento del alquiler es una forma de intervenir en el precio de mercado, que hoy por hoy está muy por encima de la renta de las familias. Este proyecto incluye una subpartida para trabajar la integración social de las familias en los barrios. Vamos a hacer una campaña para invitar a entidades y particulares a facilitar estas viviendas, y desde Emuvijesa se va a asesorar y facilitar todo el trámite administrativo”.
Requisitos convocatoria
El pliego de esta convocatoria ha eliminado como criterio la antigüedad máxima de 40 años. El requisito de ascensor en segunda planta, ya sólo se exige si la segunda planta tiene seis o más viviendas. También se elimina el criterio de dos dormitorios. Cada persona podrá presentar un máximo de tres viviendas por zona, para evitar la concentración. El criterio de accesibilidad ha pasado de 12 a 22 puntos.
Los gastos de notaría, escrituración y copia, correrán a cargo del Ayuntamiento contra la partida presupuestaria.
Otros requisitos exigidos son que las viviendas no podrán ser propiedad de una Administración Pública ni de entidades públicas o privadas dependientes de ella; su valor no podrá ser superior al valor de mercado; deberán de estar debidamente inscritas en el Registro de la Propiedad, así como libres de cargas y gravámenes, o de arrendatarios, ocupantes o precaristas. Asimismo, las viviendas deberán estar al corriente de pago de la comunidad, así como, del impuesto de bienes inmuebles y demás tributos municipales.