Ayuntamiento y Junta firman un convenio preventivo para garantizar el correcto uso de viviendas de uso turístico en el municipio
La alcaldesa asegura que Jerez no tiene en estos momentos un problema con este tipo de viviendas
La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, y el consejero de Turismo, Arturo Bernal, han firmado en el Ayuntamiento de la ciudad un convenio de colaboración para facilitar el intercambio de información en materia de viviendas turísticas y garantizar un uso correcto de la actividad de alojamiento en este tipo de viviendas.
La firma de este convenio de carácter preventivo supone una nueva colaboración con la Junta de Andalucía, en este caso con el objetivo de sumar esfuerzos y trabajar de la mano para velar por el cumplimiento de los requisitos exigidos para ejercer esta actividad cada vez más extendida por numerosas ciudades y detectar posibles casos de incumplimiento de la normativa legal.
“Jerez, quinta ciudad de Andalucía en población y primera de la provincia por número de ciudadanos, hasta ahora no ha tenido un problema de desbordamiento de la vivienda turística con respecto a la residencial. Actualmente en la ciudad hay 1.299 registros de viviendas turísticas y este número supone únicamente el 6,7% del número total de las que hay en la provincia de Cádiz. Hasta ahora, por tanto, la realidad de la vivienda turística no tensiona la oferta de vivienda de uso residencial”, ha asegurado la alcaldesa durante su intervención. García-Pelayo ha añadido que “se quiere aprovechar esta situación para tomar medidas que eviten que la situación se desborde y que lo que ahora no es un problema sí lo pueda ser en el futuro”.
Para el consejero, el convenio supone un compromiso con los residentes para velar por sus intereses, proteger sus derechos y asegurar que la actividad turística beneficie a su bienestar y a la sostenibilidad de las comunidades. “Queremos mitigar los posibles efectos no deseados de las VUT en aquellos municipios que según su modelo de ciudad, suponen un desequilibrio con el uso residencial o habitacional”, ha dicho.
El convenio, que tiene una vigencia de cuatro años, tiene por objeto instrumentar los términos en los que se desarrollará la colaboración entre la Consejería y el Ayuntamiento de Jerez para mejorar la coordinación administrativa, facilitar el intercambio de información y, con ello, garantizar la adecuada prestación del servicio de alojamiento en viviendas de uso turístico.
En este sentido, ambas administraciones intercambiarán la información disponible para garantizar que los servicios turísticos de alojamiento prestados a través de viviendas de uso turístico (VUT) se adecúan a las exigencias territoriales y de compatibilidad urbanística que haya establecido el propio municipio a través de sus instrumentos de planeamiento urbanístico u ordenanzas municipales.
Por su parte, el Ayuntamiento pondrá en conocimiento de la Delegación Territorial cualquier limitación o modificación que haya establecido en lo que respecta al número máximo de VUT por edificio, sector, ámbito, periodos, área o zona así como la superficie mínima construida que, en su caso exija, el planeamiento urbanístico y cualquier modificación sobre dicha superficie mínima exigible.
También facilitará información sobre los instrumentos de planeamiento urbanístico o las ordenanzas municipales vigentes que afecten a los usos del suelo permitidos en las VUT y/o requisitos exigidos, así como la relación de aquellas inscritas y que no resulten compatibles para el uso como vivienda de uso turístico de conformidad con la planificación u ordenación urbanística aplicable.
Cabe recordar que el Ayuntamiento ha abierto el trámite de consulta pública previa a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana que regulará las viviendas de uso turístico y con la que se pretende adecuar la normativa respecto al uso hospedaje así como propiciar una regulación que equilibre los diferentes derechos e intereses públicos y privados de las partes interesadas.
“Vamos a establecer unos requisitos claros que determinen qué vivienda puede ser turística y cuál no”, ha dicho la alcaldesa en referencia a la modificación del PGOU que recogerá las condiciones de orden urbanístico que deben cumplir los inmuebles que, diseñados originalmente para uso residencial, comparten espacio con viviendas destinadas a un uso turístico.
El plazo de consulta pública es de 30 días hábiles, en lugar de los 15 habituales, al objeto de favorecer lo máximo posible el proceso participativo. Este plazo se abrió el pasado día 16 de enero.
Igualmente, y en paralelo, se está trabajando en una Ordenanza que regule también las viviendas turísticas.