El Pleno insta al Gobierno de España a declarar a las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado como profesiones de riesgo y a su equiparación salarial
El Pleno ordinario del mes de abril, presidido por la alcaldesa, María José García-Pelayo, ha aprobado por unanimidad una proposición, presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular, en la que insta al Gobierno de España a realizar “las modificaciones legales pertinentes para que nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (Guardia Civil y Policía Nacional) gocen de la consideración de Profesión de Riesgo”, así como a “encargar un nuevo informe de consultoría externa que señale las cantidades pendientes de consignar, puesto a puesto, hasta la equiparación real, total y absoluta de ambos cuerpos”.
La alcaldesa, ha agradecido la presencia de los representantes de los sindicatos y organizaciones de la Policía Nacional y Guardia Civil y ha agradecido también "el trabajo que realizáis cada día y lo que me habéis enseñado como política, sé que hay asignaturas pendientes y creo que no es el momento de hacer política sino estar unidos y estar a la altura de lo que nos pedís y no sólo daros palmaditas en la espalda".
"Con esta proposición os devolvemos un poquito de lo que hacéis, esperamos que no se quede en papel mojado sino que salga adelante. No es una profesión de riesgo sino una vida de riesgo para vosotros y vuestras familias, un abrazo sobre todo a mujeres como las que han creado la Plataforma de familiares de la Guardia Civil para concienciarnos de la necesidad de que estemos alerta y facilitaros los medios para trabajar con seguridad".
El teniente de alcaldesa de Seguridad, Ignacio Martínez, ha argumentado que “la invaluable contribución de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, en el ejercicio de sus funciones, y a menudo poniendo en juego su propia seguridad y la de sus familias ha sido esencial para mantener nuestra democracia y el estado de derecho”.
Martínez ha asegurado que desde "que trabajo codo con codo con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado por mi función como teniente de alcaldesa de Seguridad mi admiración por estos cuerpos ha aumentado aún más si cabe. Son personas normales que se juegan el tipo en su profesión defendiendo nuestros derechos, la libertad y la Constitución. No podemos entender como a estas alturas su trabajo no está considerado aún como profesión de riesgo cuando incluso cuando por ejemplo, a la hora de hacer un seguro de vida, tienen que pagar un 40 % más en dicha póliza por ejercer las funciones policiales”.
A través de esta proposición, se defiende la necesidad de que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, "los garantes de la seguridad, la libertad, la democracia y la ley, cuenten con los medios materiales y técnicos necesarios y adecuados para realizar su inmenso y sacrificado trabajo, y deben, además, tener las mismas retribuciones que el resto de cuerpos policiales que realizan el mismo trabajo".
Recientemente, tal y como ha recordado el teniente de alcaldesa, “los asesinatos de dos guardias civiles en Barbate, y la muerte en Los Palacios (Sevilla) de otros dos Guardias Civiles arroyados por un camión cuando estaban haciendo un control, demuestran lo peligrosa que puede llegar a ser la labor policial. Y más recientemente los Guardias Civiles heridos en Chipiona y nuestro compañero de la Policía Local en Jerez durante la celebración del Gran Premio de Motociclismo".
En este sentido, la proposición destaca que “el constante sacrificio y la elevada competencia de estos cuerpos han sido vitales en la historia democrática de España y merecen ser ampliamente reconocidos y valorados por la comunidad”, ya que actualmente, “no están reconocidos como profesionales de alto riesgo”. .
Igualmente, explica que “las jubilaciones de Policía Nacional y Guardia Civil en la actualidad se pueden solicitar con treinta años de servicio y sesenta años de edad (con la perdida correspondiente de poder adquisitivo), de igual manera que el resto de los funcionarios pertenecientes a clases pasivas”. En cambio, los policías locales y policía autonómica, (que sí tienen reconocida la profesión de riesgo) pueden solicitar la jubilación a los cincuenta y nueve años, sin pérdida de poder adquisitivo. Las pensiones son iguales para todos los miembros de clases pasivas, variando según los grupos de pertenencia y antigüedad, pero el trabajo no es el mismo y el riesgo, evidentemente, no es comparable”.
Equiparación salarial
Por otro lado, la proposición hace referencia a otra “reivindicación justa que reclama este cuerpo”, como es “su equiparación salarial real y total con los cuerpos policiales autonómicos que desarrollan funciones similares. El 12 de marzo de 2018, el Ministerio del Interior del Gobierno del Partido Popular firmó un acuerdo de equiparación salarial con los principales sindicatos de la Policía Nacional y las principales asociaciones profesionales de la Guardia Civil”.
En ese acuerdo, se abordó un proceso de equiparación gradual en tres ejercicios –2018, 2019 y 2020–, con un importe de 807 millones de euros. Al mismo tiempo, el Gobierno se comprometió a contratar los servicios de una consultora externa que fijase los criterios y las cantidades necesarias para la equiparación salarial real, total y absoluta”.
En relación a ello, ha lamentado que “en la actualidad hemos tenido conocimiento de que el Gobierno del Partido Socialista despreció el informe inicial de la auditoría, que suponía poner más dinero para la equiparación, y que incluso encargó uno nuevo que tuviera en cuenta las nuevas pretensiones del Gobierno de no seguir incrementando las cantidades necesarias para la equiparación real, total y absoluta de las fuerzas y cuerpos de seguridad”.