El Pleno apoya la declaración de interés social de dos proyectos para la zona rural y la Laguna de Medina
El Pleno ha dado su apoyo a dos proyectos de declaración de utilidad pública e interés social, uno para la ampliación de la actividad de la finca Alcántara a centro ecuestre y el otro para la transformación de una nave agrícola-ganadera en espacios para uso medioambiental que incluye un aula didáctica en ‘Rancho de los Galanes’ en el Parque Natural de la Laguna de Medina.
El delegado de Urbanismo, Agustín Muñoz, ha agradecido el apoyo de los grupos a estos proyectos que “son muy importantes para la reactivación económica del municipio, especialmente en la zona rural, no sólo para la creación de empleo sino para el crecimiento económico y, en el caso de la Laguna de Medina, para incentivar el medio ambiente. Son, por tanto, dos proyectos muy relevantes tanto a nivel económico como social”.
El primer proyecto tiene como objetivo desarrollar un Complejo ecuestre con cuadras, zona de servicio y picadero cubierto. El hecho de que se cree un complejo ecuestre supone dar una nueva imagen a la zona, dando a conocer el entorno rural, a la vez que se fomenta la creación de mano agrícola como ganadera y profesorado.
El segundo proyecto, la transformación de una nave agrícola para espacios para uso medioambiental, supone la creación de un Aula de la Naturaleza que dispondrá de una zona de exposiciones, una sala de charlas y proyecciones, una zona multifuncional y comedor, aseos adaptados, office-cocina y un futuro Taller de participación para actividades medioambientales y artesanales. Su objeto será la realización de actividades didácticas, medioambientales y culturales, ligadas a la divulgación, visita e información del ecosistema de la Laguna de Medina.
El Pleno ha aprobado por unanimidad la aprobación definitiva de estudio de detalle ARI Santa Ana, lo que, según ha declarado el delegado de Urbanismo, Agustín Muñoz, “es un hito muy importante en esta zona de la ciudad. El Gobierno municipal cumple así con el compromiso adquirido con estos vecinos. La administración va a ir de la mano con los vecinos para la transformación de esta zona por lo que nos sentimos muy satisfechos con esta aprobación en el Pleno”.
Propuesta sobre paralización de procedimientos sancionadores
También en materia urbanística, el Pleno ha aprobado la proposición del Grupo Municipal Popular en la que se insta a la Junta de Andalucía a adoptar las medidas necesarias para que los procedimientos sancionadores en edificaciones ilegales que se estén tramitando, y que se encuentren en el ámbito de los planes especiales que tengan como objeto su legalización, queden suspendidos hasta que estos planes especiales estén aprobados definitivamente y se pueda comprobar si esas edificaciones pueden mantenerse o no. La proposición ha contado con el voto favorable del PP, en contra del Foro y la abstención de PSOE e IU.
El delegado de Urbanismo y Movilidad, Agustín Muñoz, ha explicado que esta proposición, elaborada tras mantener varios contactos con los vecinos afectados, tiene como finalidad solicitar a la Junta la modificación del Decreto 60/2010 de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Andaluza, para poder paralizar los expedientes sancionadores en aquellos núcleos de población que están inmersos en un proceso de legalización”.
Agustín Muñoz ha recordado durante su intervención que el PGOU prevé el desarrollo de una serie de instrumentos urbanísticos en el medio rural, bien mediante la consideración de suelo urbano no consolidado (Cuartillos, Mesas del Corral), bien manteniendo el carácter de suelo no urbanizable en el caso de los denominados hábitat rural diseminado (El Polila, Inmaculada, Añina, Mesas de Santa Rosa).
El delegado de Urbanismo ha explicado que dado que en algunos casos puedan haberse desarrollado edificaciones sin el debido proceso de autorización legal debido a la ausencia de ordenación de esas zonas o por cualquier otra causa, y que sin embargo esas edificaciones podrían legalizarse en el momento en que se aprueben los previstos instrumentos de planeamiento, se cree necesario evitar procesos de restauración de la legalidad que paradójicamente obliguen a hacer desaparecer construcciones que tras el debido proceso podrían legalizarse”.